El itinerario “democrático” de Pinochet

El itinerario “democrático” de Pinochet

En un artículo publicado anteriormente en esta misma revista, analizamos la Democracia Protegida y Autoritaria instauradaen Chile por la dictadura de Augusto Pinochet que gobernó el país desde 1973 a 1990.

Sin embargo, el artículo señalado, por una cuestión de extensión, solamente se limitó a analizar las principales características y alcances de dicha concepción de democracia,pero no la forma de cómo ésta se puso en marcha. Por lo anterior, el objetivo de las siguientes líneas es hacer un análisis acerca de cómo la Democracia Protegida de Pinochet se puso en vigor y ha logrado sobrevivir por más de veinticinco años después de que el dictador dejara de ejercer la presidencia.

Las ataduras de la dictadura

En 1978, Chile vivía bajo una dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet.  Instaurada luego de un golpe militar en 1973, esta dictadura tenía al país, en el plano de las relaciones internacionales, fuertemente aislado, debido a las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron por parte del régimen[1]. En tanto, en Europa, las reformas políticas llevadas a cabo en España luego de la muerte de Francisco Franco en 1975, demostraronal mundo que era totalmente posible, en un lapso de tiempo muy corto y sin violencia,desmantelar totalmenteun régimen autoritario para establecer un régimen político democrático. Esto dejó en evidencia las dificultades que enfrentan la gran mayoría de las dictaduras cuando, quien las encabeza, deja de ejercer el poder. Como tal, provocó que los militares chilenos se plantearan la necesidad de llevar a cabo un plan de institucionalización y despersonalización del poder a fin de que la obra del régimen, en especial las reformas económicas introducidas, perduraran más allá del ejercicio del poder por parte de Pinochet.[2]

De esta forma, la dictadura chilena abandonó la idea de perpetuar institucionalmente como gobierno una forma regulada de autoritarismo de manera definitiva y se abocó a institucionalizar una nueva concepción de democracia. La denominada Democracia Protegida y Autoritaria[3] rechazaba dos aspectos relevantes del constitucionalismo liberal: la neutralidad doctrinaria económica y el concepto de “voluntad popular” o “voluntad de la mayoría”.[4]El primer aspecto servía muy bien para la consolidación de los postulados económicos neoliberales surgidos en la Escuela de Chicago e implementados en Chile luego del golpe de estado. En cuanto a lo segundo, se produjo el reemplazo del concepto de “democracia popular”, propio de la democracia occidental,  por el concepto de “voluntad nacional”. En palabras simples, esta reside sólo parcialmente en los ciudadanos y, en cambio,principalmente en las autoridades del Estado, ya sean tanto elegidas como burocráticas, a la sazón el Presidente de la República, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema. Este modelo permitía que dichas autoridades participaran activamente en la deliberación política de la futura democracia, asegurando así la “protección” del sistema político, económico y la consecuente sobrevivencia de la obra de Pinochet después de que éste dejase la presidencia.

“La Constitución de 1980 y su itinerario”

Para lograr el objetivo enunciado, Pinochet y sus colaboradores establecieron un itinerario político que se plasmó en la promulgación, en 1980, de una nueva Constitución para Chile, carta que contenía una serie de instituciones concordantes con el nuevo concepto de democracia. De esta forma, la nueva ley fundamentalestableció instituciones tales como  los senadores institucionales. Estos legisladores eran elegidos no por sufragio universal, sino por nombramientos en los que participaban el jefe del Estado, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema. Según la Constitución, estos legisladores ocuparían 9 de los 47 escaños con los que contaría el nuevo Senado, que se instalaría una vez que volviera la democracia.

De la misma forma, se estableció la imposibilidad constitucional de que quien sucediese a Pinochet en la presidencia pudiera destituir a los jefes de las fuerzas armadas y la policía. Estas autoridades eran miembros plenos de un órgano, denominado Consejo de Seguridad Nacional y en el cual los jefes militarespodían deliberar abiertamente sobre temas de “interés nacional”. Incluso, nombrar a los ya señalados senadores institucionales. Todo lo anterior posibilitaría, como ocurrió en la práctica posteriormente, un alto grado de participación de los jerarcas militares en la deliberación y toma de decisiones políticas en la futura democracia chilena.

Otras reformas claves fueron el establecimiento de altos quórums para reformar la Constitución, y también,el de un sistema electoral binominal para las futuras elecciones parlamentarias que se celebrarían una vez que el país hubiera retornado a la senda democrática. Este sistema aseguraba una fuerte presencia de los partidos políticos partidarios del régimen en el nuevo Parlamento, casi en partes iguales con aquellos de la oposición.

Todas estas iniciativas contribuyeron decididamente a que la Constitución de Pinochet no fuera cambiada y el régimen perdurara en el tiempo.

Por último, la misma Constitución regulaba la transición a la democracia, estableciendo un periodo para tales efectos. Así, la carta fundamental estableció que una vez que ésta entrara parcialmente en vigencia, se inauguraría un nuevo periodo presidencial de 8 años, que ejercería el propio Pinochet y el cual concluiría con un plebiscito. Éste, celebrado en 1988, sometía a decisión popular la posibilidad de que un candidato propuesto por el mismo régimen, que a la sazón resultó ser el propio Pinochet, siguiera ejerciendo la primera magistratura del país por ocho años más, vale decir,haciendo perdurar la dictadura por 25 años. En caso de que la ciudadanía rechazare dicha opción, se estableció que el periodo de Pinochet se prorrogaría por un año más. Al término de este, se celebrarían elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, que permitirían elegir a los nuevos gobernantes de la democracia que se iniciaría a partir de 1990. Esto, siempre bajo los postulados de la concepción que tenía de ésta la dictadura. Así, la dictadura diseñó e implementó la forma como Chile volvería a la democracia, una democracia en todo caso muy diferente a que tenía antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

La oposición entra en el juego

La historia de la Constitución de Pinochet estuvo lejos de tener un carácter democrático. Fue redactada por una comisión de juristas afines al régimen, en la cual la oposición a éste no tuvo ninguna participación. Fue promulgada en 1980, luego de un cuestionado plebiscito llevado a cabo sin registros electorales, bajo estado de sitio y sin la posibilidad de que los opositores a la nueva carta pudiesen emitir propaganda, o que sus actos fueran informados por los medios de comunicación, todos los cuales eran controlados por la dictadura.[5]

La oposición de ese entonces consistía en un multicolor grupo, encontrándose en ella múltiples sensibilidades políticas, que iban desde los centristas democratacristianos, otrora opositores al socialista Salvador Allende, hasta izquierdistas moderados.

Pese a que los espacios dejados por la dictadura para que este grupo actuara eran muy escasos, su lucha por los derechos humanos se extendió durante toda la dictadura. Desde los primeros momentos después del golpe de estado, ciertos abogados opositores lideraron la lucha por este tema ante los tribunales de justicia del país, que no gozaban prácticamente de ninguna independencia.

En ese contexto, mientras Pinochet ponía en marcha el nuevo orden jurídico para Chile, y a pesar de estar convencida de que los resultados serían adversos, cierta parte de la oposición al régimense convenció paulatinamente de impulsar una oposición política de tipo legal, en la terminología utilizada por el cientista político Juan J. Linz[6]. Usando los pocos espacios de acción disponibles, este grupo realizó, a través de sus principales juristas y políticos, una impugnación de la estrategia de la legitimación constitucional que llevaba a cabo la dictadura y la preparación de una alternativa programática.

De esta forma, ante el dilema de participar en el plebiscito, legitimándolo, o negarse a hacerlo, entregándole con ello una victoria aplastante y sin contrapeso a Pinochet, la oposición optó por lo primero.[7]Así la oposición aprovechaba cada oportunidad para difundir su pensamiento e impedir que Pinochet se impusiera sin disidencia.[8]

Como era de esperar, la nueva institucionalidad fue aprobada por un 67.04% frente a un 30,19% que la rechazó, lo que provocó graves cuestionamientos al acto y la ambivalencia de la oposición en su postura frente al régimen.  Sin embargo, fueron el fracaso de las protestas iniciadas a partir de 1980 y la certeza de que la dictadura chilena, tal cual ocurrió con la dictadura franquista en España,  no caería por la presión popular ni menos por una división de los militares, los factores que hicieron que gran parte de la oposición se convenciera de la idea de actuar dentro de los límites del nuevo marco legal establecido para recuperar la democracia.[9]

Aquello fue propiciado por el democratacristiano Patricio Aylwin,elegido posteriormente en 1990 como el sucesor de Pinochet en la democracia restaurada. Aylwin  basaba su planteamiento en el ejemplo de la transición a la democracia llevada a cabo en España, país en el cual se implementó una total democracia a solo tres años de fallecido Francisco Franco. Otro elemento que ayudó al convencimiento de Aylwin fue, como se dijo anteriormente, la contingencia política que vivía Chile luego de 1980 y que apuntaba a que la dictadura no caería ni cedería. [10]

La tesis de Aylwin, luego hecha propia por el Partido Demócrata Cristiano, fue inicialmente rechazada por la izquierda. Sin embargo, ciertas personalidades del socialismo moderado pronto llegaron a un entendimiento con los  democratacristianos. Era su única alternativa entre  la insistencia del régimen de no ceder en su itinerario y la alternativa ofrecida desde la extrema izquierda, que consistía en propiciar una lucha armada contra el dictador. Así, el socialismo democrático optó por unirse a las fuerzas de centro en la búsqueda de la democracia dentro de las reglas del juego impuestas por Pinochet.[11]

El Plebiscito del Sí y el No

La decisión de actuar dentro de la institucionalidad vigente por parte de la oposición no suponía necesariamente que ésta aceptaba inmediatamente el plebiscito de 1988 en el cual Pinochet buscó su ratificación por 8 años más. En un principio, la oposición se abocó a promover una reforma constitucional que permitiese la realización de elecciones libres en vez de un plebiscito ratificatorio. Sin embargo, una vez más la dictadura no cedió.

Expuesta nuevamente al dilema si entrar o no en el juego de la dictadura, la oposición nuevamente tuvo que decidir, en un contexto en que encuestas de opinión demostraban que una gran parte de la ciudadanía prefería la opción de participar en el nuevo plebiscito, como forma de impedir que Pinochet siguiera en el poder.[12] Una vez más, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) marcó el rumbo. En 1987, aun cuando se tenía una total desconfianza de que la dictadura reconociera la derrota en caso que los resultados fuesen adversos para ella, el PDC declaró que los chilenos debían  participar del acto y votar por la opción “No”. La posición del PDCfue seguida prontamente por el resto de la oposición, posibilitando así el nacimiento de la “Concertación de Partidos por el No”. Este conglomerado agrupó en sus inicios a 17 partidos políticos, con exclusión de la izquierda extrema, representada por el Partido Comunista, que prefería seguir con la lucha armada.

Tras una intensa campaña de la oposición, que ha sido ampliamente documentada, la participación de los votantes en el plebiscito fue altísima. Con solo un 2,2% de abstención, este otorgó el triunfo a la opción “No”, por un 54,7% de los votos, frente al 43% de la opción “Sí” que representaba la continuidad de Pinochet [13].

Pese a la derrota de Pinochet durante esa épica jornada del 8 de octubre de 1988, y a que dejó el poder en 1990, lo cierto es que su concepción de Democracia Protegidano sólo no desapareció, sino que entró totalmente en vigencia cuando Patricio Aylwin asumió como Presidente de Chile para el periodo 1990-1994.

Así, tanto el primer presidente desde el retorno a la democracia, como su sucesor, el también democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubieron de gobernar el país con Pinochet en la jefatura del Ejército, con un alto grado de deliberación y participación en política de las Fuerzas Armadas, con una Corte Suprema totalmente designada por el gobierno saliente,con un Congreso y con una sobrerrepresentación de los partidarios a Pinochet gracias al sistema electoral binominal. Así, entre los miembros del Congreso había senadores institucionales no electos por la ciudadanía.

Todo lo anterior permitió que las reformas económicas neoliberales llevadas a cabo por el régimen de Pinochet permanezcan prácticamente incólumes hasta la fecha de este artículo, y que el legado político de la dictadura perdurara por lo menos hasta 2005, cuando el socialista Ricardo Lagos, eliminó gran parte de los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980. Así las cosas, parece ser que se cumplieron con exactitudlas palabras pronunciadas por Francisco Franco, las cuales paradójicamente no se cumplieron en España luego de su muerte: “Está todo atado y bien atado”.

 


 

 

[1]Gazmuri Cristián, Historia de Chile 1891-1994, RIL Editores, Santiago, 2012, p. 427.

[2]Huneeus Carlos, El Régimen de Pinochet, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, p. 551.

[3]Gazmuri, op. cit. p. 428.

[4]Vergara Estévez, Jorge, La “democracia protegida” en Chile, en http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/21/2103-VergaraEstevez.pdf, p. 47.

[5] Gazmuri, op. cit. p. 432.

[6] Linz Juan J, Opossition to and under an Authoritarian Regime: Spain, en Dahl (ed.), Regimes and Oppositions.

[7] Ibídem.

[8] Huneeus, op. cit. p. 576

[9] Ibídem p.579

[10] Ibídem.

[11] Ibídem.

[12] Ibídem p. 583.

[13] Ibídem p. 587.

Nell’ultimo articolo pubblicato in questa stessa rivista, “La democracia protegida de Pinochet” (http://www.opiniojuris.it/la-democracia-protegida-de-pinochet/), affronta il tema della democrazia protetta ed autoritaria instaurata in Cile dalla dittatura di Augusto Pinochet dal 1973 al 1990. Tuttavia  l’articolo, per  una questione di estensione, si limita ad analizzare le caratteristiche principali e la portata di questa concezione didemocrazia, ma non il modo in cui essa si propagò. Pertanto, lo scopo delle seguenti righe è quello di produrre un’analisi su come la Democracia Protegida di Pinochet è stata messa in atto e di come la stessa è riuscita a sopravvivere per più di 25 anni prima che il dittatore lasciasse la presidenza.

 Le catene della dittatura

Nel 1978, il Cile viveva sotto una dittatura militare guidata dal generale Augusto Pinochet.La dittatura istituita a seguito del colpo di stato militare nel 1973 , ha visto il paese fortemente isolato nel campo delle relazioni internazionali a causa delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime[1]. Nel frattempo, in Europa, le riforme politiche effettuate in Spagna dopo la morte di Francisco Franco nel 1975, dimostrarono al mondo che era del tutto possibile, in un periodo molto breve e senza l’uso della violenza smantellare totalmenteun regime autoritario ed istituire un regime politico democratico. Questo rese evidente le difficoltà incontrate dalla maggior parte delle dittature quando, chi è al comando smette di esercitare il potere.

In Cile , questa circostanza indusse i militari cileni alla realizzazione di un piano di istituzionalizzazione e spersonalizzazione del potere, in modo che l’opera del regime, in particolare le riforme economiche, sarebbero durate oltre la fine di Pinochet[2].

In tal modo la dittatura cilena abbandò l’idea di attuare un governo istituzionale regolato da forme di autoritarismo e si avvicinò ad istituzionalizzare una nuova concezione di democrazia.

La cosidetta “Democracia Protegida y Autoritaria[3] respingeva due aspetti rilevanti del costituzionalismo liberale:  la neutralità dottrinaria economica ed il concetto di “volontà popolare” o “volontà” della maggioranza.

Il primo aspetto serviva molto bene per il consolidamento dai postulati economici neoliberali sorti nella Scuola di Chicago ed implementati in Cile dopo del colpo di stato. Per quanto riguarda il secondo, implementava la sostituzione del concetto di “democrazia popolare”, tipica della democrazia occidentale per il concetto di “volontà nazionale”[4].

In parole semplici, essarisiede solo parzialmente nei cittadini eprincipalmente nelle autorità dello Stato, ellette in maniera burocratica e in base alla maturazione del Presidente della Repubblica, delle Forze armate e della Corte Suprema.

Questo modello ha consentito a tali autorità di partecipare attivamente alla deliberazione politica della democrazia futura, garantendo la “protezione” del sistema politico, economico e della conseguente sopravvivenza dell’opera di Pinochet dopo aver lasciato la presidenza.

“Il 1980 la Costituzione e il suo itinerario”

Per raggiungere l’obiettivo dichiarato, Pinochet ei suoi soci hanno stabilito un percorso politico che ha portato alla promulgazione nel 1980 di una nuova costituzione per il Cile, una Costituzione contenente una serie di istituzioni coerenti con il nuovo concetto di democrazia.

In questo modo, la nuova legge fondamentale stabilì dei senatori istituzionali, ovverolegislatori che non erano scelti per suffragio universale, bensì per nomine che condividevano il capo lo Stato, le Forze armate e la Corte Suprema.

Secondo la Costituzione, questi legislatori occuperebbero 9 dei 47 posti che conta il nuovo Senato che si andrebbe a stabilireal ritorno della democrazia.

Allo stesso modo, si stabilì l’impossibilità costituzionale per chi succedesse Pinochet nella presidenza nel rimovere dai propri incarchi i capi delle forze armate e la polizia.

Queste autorità erano membri di un organo, denominato Consiglio di Sicurezza Nazionale  nel quale i capi militari potevano deliberare apertamente su temi di “interesse nazionale” e perfino nominare i senatori istituzionali.

Tutto questo ha comportato un alto grado di partecipazione dei gerarchi militari nella deliberazione e presa di decisioni politiche della futura democrazia cilena.

Altre riforme chiave riguardano lo stabilimento di alto quorum per riformare la Costituzione, ed anche il sistema elettorale binominale per le future elezioni parlamentari che si andranno a celebrare quandi il paese fosse tornato sul sentiero democratico.

Questo sistema assicurava una forte presenza dei partiti politici a favore del regime nel nuovo Parlamento, quasi in parti uguali con quelli dell’opposizione.

Tutte questi iniziative contribuirono decisamente a che la Costituzione di Pinochet non fosse invertita e che il regime perdurasse nel tempo.

Infine, la stessa Costituzione regolava la transizione alla democrazia, stabilendo un periodo per tali effetti.

Così, la Costituzione ha stabilito che una volta che questa parte è entrata in vigore,si inaugurerebbe un nuovo periodo presidenziale di 8 anni,che eserciterebbe lo stesso Pinochet ed il quale si concluderebbe con un referendum.

Questa, nel 1988, sottometteva alla decisione popolare la possibilità che un candidato dello stesso regime, che è stato poi dimostrato Pinochet stesso, continuasse ad esercitare la presidenza del paese per otto anni, vale a dire facendo perdurare la dittatura per 25 anni. Se la cittadinanza avesse respinto detta opzione, il periodo di Pinochet sarebbe stato comunque prorogato per più di un anno. Al termine di questo, poi si celebrerebbero elezioni, tanto presidenziali come parlamentari che permetterebbero di scegliere i nuovi governanti della democrazia a partire dal 1990.

Così la dittatura viene progettata e realizzata in modo tale che il Cile potesse tornatare alla democrazia, una democrazia in ogni caso molto diversa da quello che c’era prima del colpo di stato dell’ 11 settembre 1973.

L’opposizione entra in gioco

La storia della Costituzione di Pinochet era molto lontana dall’avere carattere democratico.Furedatta da una commissione di giuristi legati al regime, in cui l’opposizione non ebbe alcun coinvolgimento.

E’ stata emanata nel 1980, dopo un plebiscito interrogato condotto senza liste elettorali, sotto assedio e senza la possibilità che gli oppositori della Costituzione potessero emettere una propaganda, o che i suoi atti fossero informati tramite mezzi di comunicazionein quanto controllati per mano della stessa dittatura[5].

L’opposizione di quel tempo consisteva in un gruppo eterogeneo,appartententi a molteplici sensibilità politiche, che andavano dai democratici centristi, agli oppositori del socialista Salvador Allende, fino alla sinistra moderata.

Nonostante gli spazi lasciati dalla dittatura affinché questo gruppo agisse erano molto scarsi,la lotta per i diritti umani si diffuse per tutto il suo periodo. Fin dai primi momenti dopo il colpo di stato, alcuni avvocati di opposizione hannolottatoper questo tema davanti ai tribunali di giustizia del paese che non godevano praticamente di nessuna indipendenza.

In questo contesto, mentre Pinochet iniziava il nuovo ordinamento giuridico per il Cile, pur essendo convinti dei risultati negativi, una parte dell’opposizione al regime decise di promuovere un’opposizione politica legale, nella terminologia usata dal politologo Juan J. Linz[6].

Usando i pochi spazi di azione disponibili, questo gruppo realizzò, attraverso i suoi principali giuristi e politici, un’impugnazione strategica della legittimazione costituzionale che portava a termine la dittatura e che promuoveva un programma alternativo.

In questo modo, davanti al dilemma di partecipare al plebiscito, legittimandolo o rifiutando la partecipazione, consegnando in questo modo una vittoria schiacciante a Pinochet, l’opposizione optò ugualmente per tale evenienza[7]. Così, l’opposizione approfittava di ogni opportunità per diffondere il suo pensiero ed ostacolare il dissenso di Pinochet[8].

Come previsto, il nuovo quadro istituzionale è stato approvato dal 67.04% rispetto al 30.19% che lo ha respinto, facendo sorgere seri interrogativi all’atto e l’ambivalenza dell’opposizione nella sua presa di posizione contro il regime.

Tuttavia, furono il fallimento delle proteste iniziate a partire da 1980 e la certezza che la dittatura cilena, così come per la dittatura franchista in Spagna, non fosse caduta per la pressione popolare né tanto meno per una divisione dei militari, i fattori che fecero sì che gran parte dell’opposizione si convincesse dell’idea di agire dentro i limiti dalla nuova cornice legale stabilita per ripristinare la democrazia[9].

Questo fu disposto dal democristiano Patrizio Aylwin, eletto posteriormente nel 1990 come il successore di Pinochet nella democrazia restaurata.

Aylwin basava il suo progetto sull’esempio della transizione della democrazia portata a capo in Spagna, paese nel quale si implementò una totale democrazia a soli tre anni dalla morte di Francisco Franco.

Un altro elemento che ha contribuito al convincimento di Aylwin, come affermato in precedenza, è stata la contingenza politica che il Cile ha vissuto dopo il 1980 convinta che la dittatura non sarebbe caduta né ceduta[10].

La tesi di Aylwin, poi fatte proprie dal Partito Democratico Cristiano, sono state inizialmente respinte dalla sinistra. Tuttavia, alcune personalità del socialismo moderato hanno presto raggiunto un’intesa con la stessa Democrazia Cristiana.Era la sua unica alternativa tra l’insistenza del regime di non cedere nel suo itinerario e l’alternativa offerta dall’estrema sinistra che consisteva nell’organizzare una lotta armata contro il dittatore.

Così, il socialismo democratico optò per unirsi alle forze di centro nella ricerca della democrazia contro le regole del gioco imposte per Pinochet[11].

Il referendum del Si e del No

La decisione di agire dentro l’istituzionalità vigente da parte dell’opposizione non supponeva necessariamente che questa accettava immediatamente il plebiscito del 1988 nel quale Pinochet cercò la sua ratifica per 8 anni.

In principio, l’opposizione si avvicinò a promuovere una riforma costituzionale che permettesse la realizzazione di elezioni libere invece che di un plebiscito ratificatore. Tuttavia, ancora una volta la dittatura non lo rese possibile.

Esposta di nuovo al dilemma se entrare o non nel gioco della dittatura, l’opposizione doveva nuovamente decidere, in un contesto in cui intervisti di opinione dimostravano che gran parte della cittadinanza preferiva l’opzione di partecipare al nuovo plebiscito, al fine di ostacolare la salita al potere di Pinochet.

Un’altra volta, il Partito Democratico Cristiano, segnò la rotta[12]. Nel 1987, anche se vi era una totale sfiducia per il fatto che la dittatura riconoscesse la sconfitta nel caso in cui i risultati fossero stati avversi per lei, il PDC dichiarò che i cileni dovevano condividere l’atto e votare “No”.

La posizione del PDC è stato prontamente seguito dal resto dell’opposizione, permettendo così la nascita della “coalizione dei partiti per il No’.Questo conglomerato raggruppò all’inzio 17 partiti politici, con esclusione della sinistra estrema, rappresentata dal Partito Comunista che preferiva seguire la lotta armata.

Dopo una campagna di forte opposizione che è stata ampiamente documentata, l’affluenza alle urne in occasione del referendum fu altissima.

Con solo il 2,2% di astensione, l’opzione “No” ottenne il 54,7% dei voti assicurandosi la vittoria, contro il 43% del “Sì” che avrebbe rappresentato la continuità di Pinochet[13].

Nonostante la sconfitta di Pinochet durante quell’epica giornata del 8 di ottobre di 1988, quest’ultimo ha lasciato il potere solo nel 1990, ma la cosa certa è che la concezione di Democrazia Protetta non solo non è stata accantonata, ma è entrata totalmente in vigore quando Patrizio Aylwin ha assunto l’incarico di Presidente Cile per il periodo 1990-1994.

Così, sia il primo presidente dopo il ritorno alla democrazia, come il suo successore, il collega democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hanno dovuto governare il paese con Pinochet come capo dell’esercito, con un alto grado di riflessione e partecipazione nella politica delle Forze Armate, con una Corte Suprema completamente nominata dal governo uscente, con un Congresso rappresentato dei sostenitori di Pinochet grazie al sistema elettorale binominale. Così, tra i membri del Congresso aveva senatori istituzionali non eletti dai cittadini.

Tutto ciò fece sì che le riforme economiche neoliberali svolte dal regime di Pinochet rimanessero quasi tutte intatte fino alla data di questo articolo, e che l’eredità politica della dittatura durasse almeno fino al 2005, quando il socialista Ricardo Lagos, ha eliminato grande parte di enclavi autoritarie della Costituzione del 1980.

In questo modo sembrano essersi compiute le parole di Francisco Franco, le quali paradossalmente non si realizzarono in Spagna dopo la sua morte: “Está todo atado y bien atado”[14].


[1]Gazmuri Cristián, Historia de Chile 1891-1994, RIL Editores, Santiago, 2012, p. 427.

[2]Huneeus Carlos, El Régimen de Pinochet, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, p. 551.

[3] Gazmuri, op. cit. p. 428.

[4] Vergara Estévez, Jorge, La “democracia protegida” en Chile, en http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/21/2103-VergaraEstevez.pdf, p. 47.

[5] Gazmuri, op. cit. p. 432.

[6] Linz Juan J, Opossition to and under an Authoritarian Regime: Spain, en Dahl (ed.), Regimes and Oppositions.

[7] Ibídem.

[8] Huneeus, op. cit. p. 576

[9]Ibídem p.579

[10] Ibídem.

[11] Ibídem.

[12] Ibídem p. 583.

[13] Ibídem p. 587.

[14] E ‘tutto legato e ben legato.

Alvaro Delgado Martinez

Alvaro Delgado Martinez

Alvaro Delgado Martínez es Abogado y Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales áreas de investigación son Historia Contemporánea de Chile e Historia del Fútbol Chileno. Actualmente en miembro del Concejo Municipal de La Reina (Concejal), municipio integrante de la ciudad de Santiago de Chile.

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