Bastante se ha tratado el tema de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que sufrió Chile desde 1973 a 1990. Sin embargo, dicha dictadura no solamente trajo violaciones a los derechos humanos a Chile, cuestión del todo lamentable y repudiable, sino que transformó totalmente el sistema político y económico de este país sudamericano a tal punto que,  según el ranking “Índice 2016 de Libertad Económica” de la Fundación Heritage, Chile es  el séptimo país con más libertades económicas en el planeta, superando incluso a Estados Unidos y Reino Unido.[1] Sin embargo,la implementación del neoliberalismo en Chile fue posible gracias a una particular concepción de democracia que se instauró en dicho país y, paradójicamente, luego de que éste haya sido gobernado por el único gobernante marxista elegido democráticamente en la historia de la humanidad, el doctor Salvador Allende, derrocado en 1973 por un golpe de estado dado porel propio Pinochet.

El golpe de Estado

Las reformas económica neoliberales encontraron cabida en Chileluego del 11 de septiembre de 1973, día en que el experimento de gobierno socialista llegó a su fin, así como la vida de Salvador Allende que se suicidó de un disparo en el mentón con la ametralladora que le había regalado Fidel Castro durante su visita a Chile, mientras el Palacio de la Moneda ardía totalmente en llamas luego de los bombardeos realizados por las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, una Junta Militar de Gobierno presidida por el Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet tomó el control del país.

 Inmediatamente los militares encarcelaron a los principales funcionarios del gobierno de Allende y a los dirigentes y políticos de izquierda, algunos hechos desaparecer posteriormente. De igual forma suspendieron la Constitución Política que regía el país desde 1925, decretaron el estado de sitio, nombraron rectores delegados en las principales universidades del país, clausuraron el Congreso Nacional, disolvieron los partidos políticos y declararon en receso toda actividad política.  El golpe fue un acto de guerra que buscaba inhibir cualquier intento de resistencia armada, como ocurrió en España en 1936[2], y el cual provocó inicialmente aproximadamente unos 2000 muertos y desaparecidos, además de otros tantos chilenos que debieron padecer el exilio.

Una nueva “democracia”

A pesar de que, cuatro días después del golpe, Pinochet declaró que “Chile volverá a su tradicional sistema democrático”[3], los chilenos debieron esperar cerca de 17 años para nuevamente elegir a sus representantes, aunque sin volver a su tradicional sistema democrático, toda vez que  Pinochet y sus colaboradores reformularon totalmente el sistema político y económico del país, con el argumento de que aquello evitaría la experiencia pasada[4]. El nuevo sistema implantado por los militares ha sido sujeto a poquísimas variaciones desde que retornó la  democracia en 1990.

A pesar de que en sus primeras declaraciones, la Junta Militar manifestaba su interés de “restablecer el orden y la institucionalidad”[5],  que habría sido quebrantado por la Unidad Popular, lo cierto es que inmediatamente luego de asumir el poder, ésta encargó la elaboración de una nueva Constitución que finalmente entró en vigencia en 1981 y que rige Chile hasta la actualidad. En dicha Carta Magna se plasmó la concepción de instaurar en Chile una democracia protegiday autoritaria.  Los militares justificaron la necesidad de esta nueva concepción de democracia toda vez que señalaban que la democracia liberal de la Constitución de 1925 habría sido una de las causas fundamentales del caos institucional que se vivía antes de su intervención militar, “habiendo sido incapaz de levantar un dique eficaz frente a las prácticas demagógicas”[6]. Así esta nueva concepción de democracia rechaza dos aspectos relevantes del constitucionalismo liberal: la neutralidad doctrinaria económica y el principio de la división de los poderes del Estado.[7] En cuanto al primer aspecto, la democracia protegida fue concebida como  una democracia neoliberal, toda vez que para Pinochet la democracia es un medio para “el progreso económico: objetivo de la democracia”[8]. De esta forma, se le dio una protección constitucional exorbitante al Derecho de Propiedad y se impidió fuertemente la participación del Estado en actividades empresariales. En aras de aquello, se implementó en Chile un modelo económico neoliberal basado en los postulados de la Escuela de Chicago y que en su primera etapa de implementación, la llamada etapa de shock, redujo el gasto público en un 27%, desvinculó de sus funciones al 30% de los funcionarios públicos, privatizó cerca de 500 empresas públicas[9] y, en una segunda etapa, liberalizó la normativa laboral imperante en el país, así como privatizó el sistema de pensiones que pasó del Estado a empresas privadas y cuyo principal fundamento es la capitalización individual por parte de los trabajadores, con prácticamente ninguna participación por parte del Estado, entre otras reformas.

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, vale decir el rechazo al principio de separación de poderes, éste se manifestó en las amplias facultades que se le dio al Presidente de la República, cargo que ejercía Pinochet. Entre dichas facultades, está la de ejercer como colegislador junto al Congreso que se elegiría una vez que entrara en vigencia completamente la Constitución de 1980, hecho que ocurrió en 1990, y en la facultad del Presidente de la República, entre otras tantas facultades que se le otorgaron,  de designar a miembros del Senado, los llamados senadores designados que se mantuvieron durante 15 años después del retorno a la democracia, facultad que igualmente ejercían la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, entidades que tenían igualmente derecho a designar senadores. Con el establecimiento de estas instituciones, se rechazaba el principio de voluntad popular y de la mayoría, propio de la democracia liberal, sustituyéndose por el concepto de “voluntad nacional”, el cual reside sólo parcialmente en los ciudadanos y, básicamente, en las autoridades del Estado, tanto elegidas como burocráticas, es decir, los funcionarios superiores de las principales organizaciones jerárquicas y burocráticas del Estado: el Presidente de la República,  las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema.[10] Finalmente, para consagrar explícitamente la concepción de protección de la democracia, se estableció en uno de los artículos de la Constitución, que “las Fuerzas Armadas garantizan el orden institucional de la República”.

Uno de los últimos aspectos del concepto de democracia protegida que se plasmaron en la Constitución de 1980 fue la forma en que ésta entraría en vigencia. La Carta Fundamental entró en vigencia en 1981 luego de que el año anterior fuere aprobada por un cuestionado plebiscito realizado bajo estado de sitio y sin registros electorales. Sin embargo dicha entrada en vigencia sería parcial toda vez que a partir de ese entonces se iniciaba un proceso de transición, que mantendría a Pinochet como Presidente y a la Junta Militar, como órgano constituyente y legislativo, por lo menos hasta 1988, año en el cual se realizaría otro plebiscito para decidir la continuidad del régimen por otros ocho años más, vale decir hasta completar 25 años. De ganar dicho referéndum Pinochet, al mismo tiempo que éste asumiría, se instalaría un Congreso Nacional del cual solo algunos de sus miembros serían electos democráticamente y el resto, designados bajo el mecanismo previamente descrito en estas páginas.

No obstante, la posibilidad de que Pinochet siga en el poder generó que los distintos partidos de izquierda, que antes habían formado parte del gobierno de Allende, así como la Democracia Cristiana, otrora férrea opositora a dicho gobierno, se asociaran para formar la Concertación de Partidos por el No a fin de enfrentar juntos a Pinochet, llamando a votar No en el Plebiscito de 1988. Finalmente el 5 de octubre de dicho año, el triunfo de la opción No marcó el término de la dictadura de Pinochet pero no el de la democracia protegida, toda vez que cuando el dictador entregó el poder en 1990 al democratacristiano Patricio Aylwin, apoyado por la misma  Concertación, entraron en total vigencia las principales instituciones de la democracia protegida, llegando incluso el mismo Pinochet a ocupar un escaño senatorial en 1998, meses antes de ser detenido en Londres a petición de la Justicia Española.[11] Así, algunos aún debaten si en Chile existe democracia protegida toda vez que el fin de la mayoría de dichas instituciones se evidenció solamente a partir de 2005, fecha en que se ha reformado paulatinamente la constitución de 1980 que, en todo caso, sigue imperando en Chile.

[1]The Heritage Foundation, “Índice 2016 de Libertad Económica”, en http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/Highlights_Spanish.pdf

[2]Gazmuri Cristián, “Historia de Chile 1891-1994”, RIL editores, Santiago de Chile, 2012, pp. 369

[3]Ibídem, p. 364.

[4]Huneeus Carlos, “El Régimen de Pinochet”, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2000, pp. 216.

[5]Junta de Gobierno de Chile, Decreto Ley N°1

[6]Vergara Estévez Jorge, “La “democracia protegida” en Chile”, en http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/21/2103-VergaraEstevez.pdf

[7]Ibídem. pp.47

[8]Ibídem pp.48

[9]Fermandois, Joaquín, “Mundo y Fin de Mundo, Chile en la política mundial 1900-2004, Editorial PUC, 2005, pp. 460.

 

[10]Vergara Estévez Jorge, Op. Cit. pp. 47

[11]Uno de los más importantes asesores de Pinochet, el abogado Jaime Guzmán Errázuriz, admirador ferviente del régimen español de Francisco Franco, es sindicado como uno de los ideólogos del concepto de democracia protegida instaurado en Chile. Luego de la muerte de Francisco Franco, la sociedad española avanzó en la desmantelación del régimen franquista a pesar de que, antes de la muerte del Caudillo de España, se haya señalado que estaba “todo atado y bien atado”. Para evitar una experiencia similar, Guzmán desarrolló una serie de instituciones que permitirían que la concepción y obra de la Dictadura de Pinochet permanezcan aún cuando éste ya no esté en el poder.

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Si è parlato tanto sulla questione delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che si perpetuarono durante la dittatura capitanata da Augusto Pinochet, che tanto fecero soffrire il Cile dal 1973 al 1990. Senz’altro, tale dittatura non solo portò a numerose violazioni dei diritti umani, questione del tutto deplorevole e ripudiabile, ma trasformò totalmente il sistema politico ed economico di questo paese sudamericano a tal punto che, secondo il “ranking 2016 della libertà economica” della fondazione Heritage, il Cile è il settimo paese per libertà economica del pianeta, superando sia gli Stati Uniti che il Regno Unito[1].

Senza dubbio, l’attuazione del neoliberismo in Cile, fu possibile grazie ad una particolare concezione della democrazia che si instaurò nel paese che, paradossalmente, fu governato dall’unico presidente marxista eletto democraticamente nella storia dell’umanità: il dottor  Salvador  Allende,  destituito da un colpo di stato organizzato proprio da Pinochet.

Il Colpo di Stato

Le riforme economiche di stampo neoliberiste trovarono attuazione in Cile dopo l’11 settembre 1973, giorno in cui l’esperimento del governo socialiste giunse alla conclusione, così come la vita di Salvador Allende, suicidatosi con un colpo sparato dalla mitragliatrice regalatagli da Fidel Castro durante una visita ufficiale in Cile, mentre il ″Palacio de la Moneda”[2]bruciava sotto i bombardamenti delle forze armata.

Allo stesso tempo, la Giunta Militare del Governo, presieduta dal Comandante in capo dell’Esercito, il Generale Augusto Pinochet  prese il controllo del paese. Immediatamente i militari posero in arresto i principali funzionari governativi, i dirigenti e i politici della sinistra legata ad Allende. Sospesero con la forza la Costituzione politica che regolava il paese fin dal 1925, decretarono lo stato d’assedio , nominarono rettori compiacenti nelle principali università del paese , chiusero il Congresso Nazionale , sciolsero tutti i partiti sospendendo tutta l’attività politica.  Il golpe, fu un atto di guerra volto ad inibire chiunque avesse preso parte alla resistenza armata, un po’ come accadde in Spagna nel 1936[3], e che provocò approssimativamente 2000 morti ed un numero imprecisato di dispersi ed esiliati.

Una nuova democrazia

Quattro giorni dopo il golpe, Pinochet dichiarò che ″il Cile tornerà al suo tradizionale sistema democratico″[4], ma i cileni dovettero aspettare circa 17 anni per poter eleggere nuovamente un presidente, pur senza tornare al sistema democratico, tuttavia Pinochet e i suoi collaboratori riformarono il sistema politico ed economico in modo da evitare il ripetersi dell’esperienza trascorsa.[5]

Il nuovo sistema è stato oggetto di pochissime variazioni da parte dei militari fino alla ritorno della democrazia nel 1990. Nonostante le prime dichiarazioni  della Giunta Militare  ove si manifestava il desiderio di “ristabilire l’ordine e l’istituzione”[6], immediatamente dopo aver ottenuto il potere commissionarono l’elaborazione di una nuova Costituzione, che finalmente entrò in vigore nel 1981, e che ancora oggi governa il Cile.

Nella cosiddetta Carta Magna, si plasmò la concezione di instaurare in Cile una “democrazia protetta autoritaria”. I militari giustificarono la necessità di questa nuova concezione di democrazia ricordando ogni volta che la democrazia liberale sancita dalla Costituzione del 1925 era stata una delle cause fondamentali del caos istituzionale vissuto prima dell’intervento militare “ essendo stata incapace di eliminare l’inefficacia al cospetto di pratiche demagogiche”[7]. Così, questa nuova concezione di democrazia rifiutava due aspetti rilevanti del costituzionalismo liberale:la neutralità economica ed il principio della divisione dei poteri dello Stato[8]. Riguardo al primo aspetto, la democrazia protetta fu concepita come una democrazia neoliberista , Pinochet considerava la democrazia come un mezzo per il “progresso economico: obiettivo della democrazia”[9]. In questo modo fu protetto il diritto di proprietà e si impedì fortemente la partecipazione dello Stato nelle attività imprenditoriali. Alla luce di questo, si sviluppò in Cile un modello economico neoliberista basato sui postulati della “scuola di Chicago”[10] e che nella sua prima tappa denominata “tappa de shock”, ridusse il guadagno pubblico del 27%, ridusse il ruolo dei funzionari pubblici del 30%, furono privatizzate circa 500 imprese pubbliche[11], in un secondo momento, fu liberalizzata la normativa sul lavoro, il sistema pensionistico che passò da pubblico a privato, il quale principale fondamento era la capitalizzazione individuale da parte dei lavoratori, con nessuna partecipazione statale.

Riguardo il secondo aspetto, è bene dire che il rifiuto al principio della separazione dei poteri, questo si manifestò negli ampi poteri dati al Presidente della Repubblica , incarico esercitato da Pinochet. In queste facoltà rientravano quella del Legislatore insieme al Congresso eletto una volta entrata in vigore la Costituzione nel 1980, inoltre il Presidente poteva nominare i membri del Senato, chiamati “Senatori designati”, i quali restarono in carica fino a 15 anni dopo il ritorno alla democrazia, stessa facoltà spettava anche alla Corte Suprema e le Forze Armate, entità che avevano lo stesso diritto di nominare senatori. Con la stabilizzazione di questa istituzione, si cancellava il principio della volontà popolare e della maggioranza della democrazia nazionale con il concetto di “volontà nazionale”, il quale godeva solo di un consenso parziale dei cittadini, sostanzialmente nell’autorità dello Stato definito “burocratico” per dire che le principali entità dello Stato erano burocraticamente e gerarchicamente così suddivise :Presidente della Repubblica, le Forze Armate e la Corte Suprema[12].

Finalmente per consacrare la concezione di protezione della democrazia, si stabilì in un articolo della Costituzione che: “le Forze Armate garantivano l’ordine istituzionale della Repubblica”.

Uno degli ultimi aspetti del concetto di democrazia protetta plasmati nella Costituzione del 1981 fu la modalità di entrata in vigore. La Magna Carta entrò in vigore nel 1981dopo l’approvazione avvenuta nel 1980 in seguito ad un referendum popolare, realizzato in uno stato d’assedio e senza registrazioni elettorali. L’entrata in vigore fu parziale, iniziò un processo di transizione che vide comunque Pinochet come Presidente e la Giunta Militare come organo costituente e legislativo, fino almeno al 1988, anno in cui si tenne un nuovo referendum per decidere se proseguire con il governo per altri 8 anni, fino a completare i 25 anni di regime. Con la vittoria del referendum, Pinochet avrebbe assunto lo stesso ruolo al Congresso, e solo pochi membri sarebbero stati eletti democraticamente, la restante parte designata dal meccanismo prima descritto.

Pinochet ottenne inoltre che i partiti della sinistra, che prima avevano fatto parte del governo di Allende, così come la Democrazia Cristiana, ferrea oppositrice di questo governo, si associassero per formare la “Concentrazione dei Partiti per il No” al fine di infrangere la giunta e Pinochet nel referendum del 1988. Il 5 ottobre 1988, la vittoria del No segnò la fine della dittatura di Pinochet, ma non a quella della “democrazia protetta”,  infatti quando nel 1990, Pinochet consegnò il potere nelle mani del democristiano Patricio Aylwin, supportato dalla stessa Concertazione, furono mantenute le stesse istituzioni della democrazia protetta, incluso lo stesso Pinochet che nel 1998 ottenne un seggio come senatore, pochi mesi prima di essere detenuto a Londra sotto la custodia della giustizia spagnola[13].

Così, sebbene qualcuno ancora dibatta se in Cile sia ancora presente la “democrazia protetta”, la fine delle istituzioni c’è stata soltanto nel 2005, data della riforma della Costituzione del 1980 che, in ogni caso , sigue imperando en Chile.

[1] The Heritage Foundation, “Índice 2016 de Libertad Económica”, en http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/Highlights_Spanish.pdf

[2] “La Moneda” è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica del Cile Vi sono ospitati anche il Ministero degli Interni, la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica e la Segreteria Generale del Governo

[3] Gazmuri Cristián, “Historia de Chile 1891-1994”, RIL editores, Santiago de Chile, 2012, pp. 369

[4] Ibídem, p. 364.

[5] Huneeus Carlos, “El Régimen de Pinochet”, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2000, pp. 216.

[6] Junta de Gobierno de Chile, Decreto Ley N°1

[7] Vergara Estévez Jorge, “La “democracia protegida” en Chile”, en http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/21/2103-VergaraEstevez.pdf

[8] Ibídem. pp.47

[9] Ibídem pp.48

[10] Con l’espressione Scuola di Chicago si definisce una scuola di pensiero economica, elaborata da alcuni professori dell’Università di Chicago, basata su una descrizione delle istituzioni economiche pubbliche e private contemporanee, volta a promuove inoltre ipotesi di riforme in senso liberale e liberista dell’economia.

[11] Fermandois, Joaquín, “Mundo y Fin de Mundo, Chile en la política mundial 1900-2004, Editorial PUC, 2005, pp. 460.

[12] Vergara Estévez Jorge, Op. Cit. pp. 47

[13] Uno dei più importanti consiglieri di Pinochet, l’avvocato Jaime Guzman Errazuriz, un fervente ammiratore del regime spagnolo di Francisco Franco, è accusato di essere uno degli ideologi del concetto di democrazia protetta istituita in Cile. Dopo la morte di Francisco Franco, la società spagnola ha fatto progressi nello smantellamento del regime di Franco, anche se prima della morte del Caudillo di Spagna, ha sottolineato che era “tutto legato e legato.” Per evitare una simile esperienza, Guzman ha sviluppato una serie di istituzioni che avrebbero permesso il lavoro di progettazione e della dittatura di Pinochet permangono anche quando non è più al poter

Traduzione dallo spagnolo a cura di Margherita Corcione

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