La inmortal democracia de Pinochet

El 17 de diciembre se celebró en Chile el plebiscito constitucional de 2023 para aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución.

Editado por Álvaro Delgado Martinez

Hace exactamente 4 años, escribí para esta misma revista un artículo denominado “Protestas en Chile. El epitafio de la Constitución de Pinochet“, sin siquiera imaginar que había sido el título más errado que le he dado a cualquier artículo que haya escrito. Emulando ser un médico del derecho, diagnostiqué la “muerte clínica” de la Constitución de 1980, dictada por Augusto Pinochet y aprobada de forma fraudulenta a través de un plebiscito. Hice aquel “diagnóstico”, mientras la protesta social arreciaba en las principales calles de Chile y la clase política se apresuraba a pactar un proceso constituyente que, no solamente logró sofocar los desórdenes y desmanes que en ese momento se producían en las principales ciudades del país, sino que también abrió la puerta a un plebiscito que, producto de la pandemia COVID-19, hubo de realizarse un año después y en el cual los votantes decidirían acerca de la sustitución de la Constitución de Pinochet y el órgano que llevaría a cabo dicho proceso.

Sin embargo, si sirve de algo como justificativo, dicho plebiscito llevado a cabo en octubre de 2020, refrendó mi “diagnóstico clínico”, en tanto, un 78.28% de quienes votaron, que fue la mitad del padrón electoral vigente en ese momento, votamos a favor de contar con un nuevo texto constitucional que surgiría, por primera vez en la historia de Chile, a través de un proceso democrático y representativo, y que, por sobre todas las cosas; borraría el pecado de origen de nuestra actual constitución otorgada en dictadura.

Pero, después de cuatro años, lo que fue decidido por casi un 80% de la población chilena no llegó a materializarse. Hoy, probablemente más que nunca, luego de la restauración de la democracia en 1990, la Constitución Política de 1980, se encuentra legitimada, aunque no necesariamente aceptada. Mal que mal, la carta fundamental dictada por un grupo de asesores de ultra derecha mandatados por Pinochet y que, en su versión original, proscribía al Partido Comunista, permitía que Pinochet siguiera en la comandancia en jefe del Ejército luego de restaurada la democracia, otorgaba facultades a las Fuerzas Armadas para designar senadores, e impedía que las autoridades democráticamente elegidas a partir de 1990, pudiesen someter al poder militar, fue refrendada por los chilenos y chilenas mediante dos plebiscitos llevados a cabo en menos de un año, eligiendo la opción que la mantenía como la ley suprema del Estado de Chile.
Entonces, el lector se preguntará ¿qué pasó? ¿cómo ocurrió que en una primera instancia los chilenos hayamos decidido abrumadoramente reemplazar la Constitución de Pinochet, para luego votar, de la misma manera abrumadora, que siguiera siendo nuestra ley fundamental?

Del “Movimiento AC” al plebiscito de 2020

Una primera cosa que conviene tener presente es que, la ciudadanía, de forma progresiva, ha solicitado que nuestro país cuente con una carta fundamental por primera vez en nuestra historia, otorgada mediante un proceso democrático y representativo. Aquello no solamente queda de manifiesto a través del resultado del plebiscito de octubre de 2020, sino a partir de un análisis de la evolución que tomó la discusión constitucional en Chile, luego de restaurada la democracia. Si bien es cierto que, uno de los anhelos de la centroizquierda luego de recibir el poder de manos de Pinochet en 1990, fue reemplazar el texto fundamental, lo cierto es que los enclaves autoritarios y los altos quórums que establecía éste, hicieron imposible pensar en la década de los noventa, en un reemplazo. Sin embargo, en 2005, la administración del socialista Ricardo Lagos logró una importante reforma que eliminó casi la totalidad de los enclaves autoritarios, pero mantuvo los altos quórums de reforma. No obstante, la reforma de 2005 no generó una conformidad total, lo que llevó a que en la elección presidencial de 2013 hiciera su debut el “Movimiento AC”, iniciativa que buscaba marcar el voto presidencial con la opción AC (Asamblea Constituyente), para saber aritméticamente cuántos estaban a favor de iniciar un proceso constituyente. Así, la propuesta del “Movimiento AC” comenzó a tomarse la discusión política nacional, lo que llevó a que en 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunciara, y luego presentara, un proyecto de nueva constitución, que no vio la luz gracias al retorno a la presidencia del derechista Sebastián Piñera en 2018.

Pero el “Movimiento AC” solamente vino a canalizar y/o a agrupar las demandas sociales que comenzaron a manifestarse en Chile, por lo menos a partir de 2006 y que buscaban no necesariamente que se desmantelara totalmente el sistema económico heredado de la dictadura, pero que sí hubiese límites al libertinaje económico y a los abusos de los grandes grupos empresariales que vivía, y sigue viviendo, el Chile post Pinochet. Permitir al Estado desarrollar un rol más preponderante en la economía, especialmente como regulador de sectores tales como el medioambiente, la salud, la educación y las pensiones, son solo algunos de los deseos y anhelos ciudadanos, que se han manifestado a lo largo de, por lo menos, 15 años, mediante distintas manifestaciones ciudadanas.¹ Dichos cambios, necesariamente debían darse a nivel constitucional, pues las normas que permitían los abusos cometidos en dichos ámbitos, estaban consagradas en el texto fundamental.²

Esto generó que, a pocos días del 18 de octubre de 2019, fecha en que se inició una protesta social en Chile que no había tenido parangón en los últimos 50 años, se hubiese comenzado a escuchar la demanda de que nuestro país debía contar con una nueva constitución. Y por tal, no es de extrañar que el acuerdo logrado por las principales fuerzas políticas en noviembre de 2019, para convocar a un plebiscito constitucional que se realizaría en 2020 y que abordaría la interrogante de si resultaba necesario sustituir la constitución, logró disipar la protesta.

Lo anterior, generó que en octubre de 2020, los chilenos decidiéramos por una amplia mayoría otorgarnos una nueva constitución, que contuviese un texto realizado por una Convención Constitucional, órgano electo, paritario y compuesto por 155 miembros, dentro de los cuales habría 17 representantes electos de los pueblos originarios.

La propuesta de la Convención

Luego del plebiscito de 2020, correspondió elegir a los representantes que llevarían a cabo la encomienda. Cuando eso ocurrió, parecía estar todo dado para que la Constitución de 1980 pronto dejase de estar vigente.

Esto, porque en dicha elección, los partidos y grupos de izquierda, que no habían logrado llegar a la presidencia de la república durante los años de democracia posteriores a la dictadura, y tampoco habían tenido una representación importante en el Congreso, en el mismo periodo, lograron imponerse con muchísima comodidad a la derecha y a la centroizquierda, quienes se habían repartido el poder político a partir de 1990. Pero la derrota no solo fue electoral, sino práctica. La izquierda marginada, por lo menos hasta ese entonces, logró el control total de la Convención Constitucional, dejando a la derecha sin siquiera la capacidad de vetar sus propuestas. Esto porque, “Vamos por Chile”, coalición que detentaba el poder en ese entonces con Sebastián Piñera, obtuvo un marginal 20.56% de los votos, muy lejos del piso electoral de 44% que prácticamente siempre había obtenido la derecha política desde que se restauró la democracia en 1990. Por otro lado, a la centroizquierda, que había gobernado 22 de los últimos 30 años, le fue aún peor: obtuvo un 14.46% de los votos.

Pero aún faltaba darle otro golpe a la “Vieja política”. Éste vino cuando, en diciembre del mismo año, volvió a quebrarse la tradicional distribución del poder en Chile y Gabriel Boric fue electo presidente de Chile, apoyado por la coalición Apruebo Dignidad, una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Así, por primera vez en 30 años, ninguna de las coaliciones que se habían repartido el poder en Chile: la centroizquierdista “Concertación”, luego llamada “Nueva Mayoría”, y la derechista y pinochetista “Vamos por Chile”, llegaron a La Moneda. Así, la izquierda marginada durante años de esta alternancia estaba en su cenit: podría gobernar bajo reglas que ella misma se daría. Además, cumpliría con el viejo anhelo que la centroizquierda jamás pudo, o en su opinión, quiso hacer: acabar absolutamente con el legado de Pinochet. Todo inimaginable hasta antes de octubre de 2019 e inclusive después.

Como se dijo, esto provocó que la Convención Constitucional fuera totalmente dominada por sectores de izquierda. A ellos se sumaron nuevos grupos de ciudadanos independientes, proclives a la izquierda, y que no obedecían a la tradicional segmentación de la política chilena post dictadura. Así, liderados por el “Frente Amplio”, coalición formada casi exclusivamente por jóvenes sub 30, hijos, en su mayoría, de los dirigentes de centro izquierda que gobernaron Chile luego de Pinochet, pero absolutamente críticos a sus padres, tenían todo para cambiarlo todo. Y ahí radicó el problema: lo quisieron cambiar todo, pero todo lo que ellos estimaban que debía ser cambiado.

La propuesta de la Convención

Ya el día en que se instaló la Convención Constitucional era posible observar que las preocupaciones de la mayoría de sus miembros eran otras.

Al mismo tiempo que se impugnaba la entonación del himno nacional, la recientemente electa presidenta del órgano, la convencional por el pueblo Mapuche Elisa Loncón anticipaba que la “convención transformaría a Chile en un Chile plurinacional…³”. Así, desde aquel momento hasta el fin de sus labores, los convencionales no estimaron reparos en querer cambiarlo todo. Pero claro, no todo lo que deseaban los chilenos y chilenas, sino todo lo que ellos creyeron que debía cambiarse. De esta forma, no trepidaron en hablar de cambiar nuestra bandera e himno nacional, de establecer el enfoque de género por doquier, en proponer el reconocimiento de las diversas naciones que supuestamente existían en Chile, de establecer sistemas de justicia diferenciados para los pueblos originarios y la eliminación del Senado, institución que nació con el establecimiento de la república en Chile.

De esta forma, el error garrafal de la Convención fue querer cambiarlo todo, pero no precisamente las reales y profundas demandas de los chilenos. Para ellos, era el momento de los pueblos originarios, del mundo LGTB, del feminismo y de todos aquellos que, si bien representa a un sector importante de nuestra población, no dejan de ser una minoría en ésta. Y así como minoría que son, sus ideas fueron apoyadas por un poco más de un tercio (38.11%) de los 13 millones de habitantes que votaron. Solamente en 6 comunas de un total de 346 existentes en Chile los votantes se decidieron por aprobar el texto propuesto.

Para ir aún más lejos, el texto propuesto, ni siquiera fue aprobado por aquellas minorías. La alta votación (94.7%) que recibió la opción Rechazo en la pequeña comuna de Colchane, localidad fronteriza con Bolivia en el extremo norte del país, aun cuando ésta cuenta con un 78.1% de población de origen indígena, específicamente aimara, cuyos derechos serían asegurados por la nueva carta fundamental, es una muestra clara de aquello. Otro ejemplo fue la comuna de Petorca, en la zona central de Chile, zona azotada por la escasez hídrica, que rechazó la propuesta que aseguraba acceso universal al agua, por un 56.73% de los votos.

La derrota de los dos últimos presidenciables

Las razones del rechazo del texto de la Convención no solamente radicaron en lo expuesto, sino también en que los ciudadanos aprovecharon la instancia para juzgar al gobierno de Gabriel Boric, el cual, al igual que la Convención, por lo menos durante sus primeros meses en La Moneda, se dedicó a gobernar para las minorías. Así, una de las primeras medidas tomadas por la nueva administración fue indultar a una serie de condenados por delitos comunes ocurridos en el marco de la protesta social de 2019. Los indultos presidenciales no solamente hicieron que Boric cayese en las encuestas⁴, sino también se cobraron a su ministra de Justicia⁵.

Sin embargo, con una miopía, o también porfía, la izquierda, la centroizquierda y el gobierno no soportaron la idea de no poder sustituir la carta fundamental dada en dictadura y consensuó con los herederos de Pinochet el inicio de un nuevo proceso constituyente, a pesar de que, antes del plebiscito de octubre de 2020, había quedado establecido que, en caso de que se rechazara la propuesta, continuaría en vigor la Carta de 1980. De esta forma, apresuradamente se convocó a una nueva elección de representantes que propondrían una nueva constitución. Esta vez varió la integración del órgano, ahora llamado Consejo Constitucional, cuyos 50 miembros fueron electos en mayo de 2023. Para evitar lo ocurrido con el proceso anterior, se estableció un órgano asesor, la denominada “Comisión de expertos”, formada por académicos o personalidades elegidas por los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, quienes prepararían un anteproyecto para ser discutido por el Consejo. Además, se establecieron los denominados “límites”, vale decir aspectos que no podían ser abordados por la nueva propuesta, como por ejemplo el carácter bicameral del Congreso Nacional.

Pero, en esta nueva elección, el péndulo se fue totalmente a la derecha, cuando el ultra derechista Partido Republicano, cuyo líder es José Antonio Kast, un férreo defensor de Pinochet y de su constitución, católico adherente al movimiento de Schoenstatt y quien enfrentó a Gabriel Boric en la última elección presidencial, arrasó con un 35.41% de los votos, convirtiéndose en el partido político más votado desde la restauración democrática de 1990, superando la histórica marca del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo un 30.88% en la primera elección municipal luego de la dictadura en 1992. A la altísima cifra obtenida por los republicanos, hubo que sumar el 21.07% de los votos que obtuvo la coalición de derecha tradicional. Así, la derecha chilena, dividida en dos, sumó el 56.48%, la cifra más alta jamás obtenida en una elección en Chile, incluso más allá de ambas elecciones presidenciales en que logró el gobierno de la mano de Sebastián Piñera en 2009 y 2017, y logrando 33 consejeros constitucionales de un total de 50, dejando al gobierno de Boric y sus huestes sin siquiera poder de veto en el Consejo Constitucional. La segunda elección para representantes para el órgano constituyente resultó ser un espejo de la primera.

No obstante, con la aplastante victoria en sus manos, las derechas decidieron repetir el libreto de la Convención. Lejos de proponer una constitución que representara a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, logrando consensos y acuerdos, decidieron apostar por temas minoritarios y que ni siquiera deberían tratarse en una ley fundamental. Como lo ha hecho desde hace por lo menos 15 años, tomó como bandera la prohibición absoluta del aborto, partiendo por la eventual derogación de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, dictada en 2017, y que se convirtió en uno de los mayores logros progresistas del gobierno de Michelle Bachelet. También decidieron establecer una eximición del pago de impuestos territoriales a la primera propiedad inmueble. Todo ello a pesar de que aquello es materia de ley y que según cifras oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII) solo el 22.7% de los inmuebles registrados por dicho servicio, que se elevan a un total de 5.6 millones en todo Chile, paga dicho impuesto, en virtud de los avalúos de éstos y las diversas causales de eximición que contempla la ley chilena para las personas de escasos recursos. Así, la eximición propuesta por la derecha no hacía más que beneficiar a los sectores más acomodados de la población.⁶

Por lo anterior, no resultó extraño que la segunda propuesta constitucional, fuera rechazada por un 55.76% de los 13 millones de ciudadanos que participaron en el plebiscito llevado a cabo el 17 de diciembre de 2023. Dentro del inmenso grupo de quienes estuvieron por la opción de votar en contra de la propuesta, paradojalmente estaban también, todos los partidos de izquierda y centroizquierda. O sea, quienes habían abogado por años por eliminar la constitución heredada por la dictadura, ahora votaban para que ésta siguiera vigente, frente a la propuesta conservadora y fundamentalista propuesta por la derecha. Por eso, resulta menos extraño que, según un informe de la página decidechile.cl⁷ un 70.1% de las mujeres menores de 34 años, vale decir casi la mayoría de las mujeres en edad fértil, votaran por la opción en contra, ante el temor de que sus derechos sean cercenados. Tampoco resulta extraño que, en el Gran Santiago, la propuesta haya sido votada a favor solamente en las 3 comunas con más ingresos de la ciudad y de Chile, en las cuales se ubica casi la totalidad de los inmuebles que pagan impuesto territorial.

De esta forma, esta vez el gran derrotado no fue Gabriel Boric, quien pudo respirar un momento ante las magras cifras de su desempeño en La Moneda (según la mayoría de las encuestas publicadas en diciembre de 2023, la desaprobación a su gestión sobrepasa el 60%⁸), sino Juan Antonio Kast y los republicanos, quienes repitieron exactamente las pobrísimas cifras que obtuvieron cuando enfrentaron a Boric en la elección presidencial de 2021, con un idéntico 44% frente al 55% de los votos obtenidos por el actual presidente y con un escenario electoral donde se produjo una discusión política idéntica en relación al pago de impuestos, despenalización del aborto, etc.

Larga vida a la Constitución de Pinochet

Terminado el último acto plebiscitario, el presidente Boric se dirigió al país para reafirmar que, por lo menos en lo que queda de su mandato, no habría otro proceso constituyente: la Constitución de 1980, seguiría siendo la Ley Fundamental de Chile hasta nuevo aviso. Los políticos de todos los sectores también se apresuraron a afirmar que no habría un nuevo proceso. Así, la Constitución de Pinochet, no solamente está viva, sino que parece ser que aquello será por mucho tiempo más. Pero eso no quiere decir que sea querida por todos los chilenos y chilenas. Si bien es posible que, desde el punto de vista técnico, fue legitimada pues en dos ocasiones la ciudadanía la prefirió frente a otras propuestas, lo cierto es que, según las encuestas, aun existe un 45% de la población que estima que el texto aun después de los referéndums, no se encuentra legitimada.⁹

Por eso, la noche del 17 de diciembre de 2023, como nunca en un acto eleccionario y/o plebiscitario en la historia de Chile, no hubo ganadores. Perdedores hubo muchos, todos aquellos que lo querían cambiar todo, sean de izquierda y/ o de derecha. Así, la céntrica Plaza Italia, donde todo comenzó el 18 de octubre de 2019 y donde comúnmente también se celebran las victorias eleccionarias y deportivas, estaba totalmente silente y desocupada.

Notas